Vivimos tiempos convulsos en un Estado de derecho, impensables en una democracia consolidada, con un Presidente del Gobierno y unos ministros que con un claro talante antidemocrático no dudan en emprender campañas de acoso y derribo contra jueces que investigan de forma imparcial e independiente a familiares cercanos. Querellas infundadas que terminan archivadas, declaraciones demagógicas en prensa que de forma irresponsable cuestionan las resoluciones judiciales, utilización de las instituciones del Estado y de los recursos públicos para un fin ajeno al que le es propio, la preservación de la ley y del orden constitucional. Toda una batería de intentos de represalias, de tentativas orientadas a socavar la independencia judicial. Frente a ello la aplicación imparcial e independiente de la ley por un Poder Judicial que se ha convertido en la garantía de todos los ciudadanos para evitar que la ley y el Estado de Derecho sean un papel mojado modulable según el interés de la clase política dominante.
Quizás esos ataques impropios en un Estado de derecho han existido siempre y la respuesta ante ellos ha sido la mesura, la independencia y la motivación en la resolución de los litigios, notas esenciales que van en el ADN de un magistrado/a. Hoy les vamos a contar la historia de “Maruja La Caoba” una mujer sevillana que empezó a hacer la calle en Madrid y fue acercándose a las altas esferas de la sociedad, hasta llegar a la Corte y conocer al presidente del Gobierno en aquel momento, el general Primo de Rivera. Viajamos a la década de los 20 para acercarnos a esta mujer esbelta, distinguida y elegante, de aires sevillanos y una marcada tez morena. “La Caoba” hacía vida nocturna actuando como tonadillera y bailaora en tablaos flamencos de Madrid, acudiendo a unos de los más afamados “Los Gabrieles” situada en el número 17 de la calle Echegaray y a “Villa Rosa” en pleno barrio de Las Letras de Madrid. Aquellos lugares de luz tenue y madrugadas interminables, donde bailaba también “La Niña de los Peines” servían de encuentro a personalidades de la época como Manolete, Juan Belmonte, Primo de Rivera y Alfonso XIII que entraban por una puerta trasera para pasar veladas de música, placer y ocio. Fiestas flamencas para la aristocracia que en “Villa Rosa” amenizaba el cantaor jerezano Antonio Chacón, el guitarrista Ramón Montoya y un cuadro de bailaoras que desprendían arte y belleza.
En “Villa Rosa” se escondía una zona privada en la planta inferior por la que confluían pasadizos de Madrid para que Alfonso XIII y Primo de Rivera disfrutasen de las madrugadas flamencas de forma discreta. En aquel lugar se producían los encuentros entre el Presidente del Gobierno Primo de Rivera y “La Caoba”, que embelesó al General con su particular belleza y el embrujo de su baile. “La Caoba” no era una mujer que pasase desapercibida, genio y figura, era una conocida por la policía, consumidora de estupefacientes alternaba el flamenco, la prostitución y el tráfico de morfina y cocaína. Corría el año 1924 cuando el general Primo de Rivera comenzó a frecuentar esos lugares de flamenco y alterne para olvidar la tristeza que le embargó al perder a su esposa Casilda Sáez de Heredia. Una historia de pasión y amor que se prodigaba cada noche entre Primo de Rivera y la bella bailaora, sin saber ésta todavía el negro futuro que le esperaba.
La familia de un empresario teatral denunció a “La Caoba” por tráfico de drogas y la acusó de tenerle sometido a su voluntad por las sustancias que le suministraba, adicción que le llevó a perder su patrimonio. La denuncia comenzó a ser tramitada en la justicia madrileña y llegó al juzgado de instrucción del distrito del Congreso en la Casa de los Canónigos, actual sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Al frente de dicho juzgado estaba el gijonés José Prendes Pando quien inició el procesamiento de La Caoba. El magistrado ordenó el registro de su casa y tras comprobar los indicios de delito de aquella faraona del flamenco madrileño, con antecedentes penales, acordó su ingreso en prisión. Maruja al verse en aquel calabozo, haciendo gala de genio y figura no dudó en pedir la ayuda de su amante nocturno, el Presidente del Gobierno Primo de Rivera. La seducción de “La Caoba” el recuerdo y deseo por las noches libertinas hicieron el resto para que el General utilizase su poder para devolverle la libertad.
Primo de Rivera se puso en contacto con el magistrado Prendes Pando, ordenándole que la liberara y archivase el procedimiento que se había iniciado. El magistrado que en ese momento comenzó a ser consciente de los poderosos amigos que frecuentaba la tonadillera, se mantuvo firme y continuó tramitando el procedimiento. Primo de Rivera sorprendido y encolerizado al comprobar cómo el magistrado hacía caso omiso a sus órdenes, envió una segunda carta a Prendes Pando, obteniendo la misma respuesta, la aplicación imparcial e independiente sin distinción de la ley. El juez levantó el secreto de sumario y el caso se difundió con rapidez por la prensa. El escándalo del affaire y de la intermediación del Presidente fue contado por el periodista Gabriel Maura en “El Heraldo de Madrid” en su edición el 5 de Enero de 1924. El Gobierno sancionó al periódico suspendiendo la edición durante dos días. Miguel de Unamuno por aquel entonces vicerrector de la Universidad de Salamanca criticó con vehemencia la invasión de funciones jurisdiccionales del Presidente del Gobierno y el malestar llegó al Colegio de Abogados de Madrid , emitiendo un contundente comunicado de protesta. Junto a las protestas hubo silencios estruendosos como los del Partido Socialista, Largo Caballero nombrado consejero de estado por el dictador o la Unión General de Trabajadores. A raíz de sus críticas Miguel de Unamuno recibió la orden gubernamental de destierro para Fuerteventura, de donde no regresaría hasta seis años después. Pese a ello Miguel de Unamuno continuó con sus críticas y escribió que “Famoso se hizo el caso de la ramera, vendedora de drogas prohibidas por la ley y conocida por La Caoba, a la que un juez de Madrid hizo detener para registrar su casa y el dictador le obligó a que la soltase y renunciara a procesarla por salir fiador de ella. Cuando el caso se hizo público y el rey, según parece, le llamó sobre ello la atención, se le revolvió la ingénita botaratería, perdió los estribos, no la cabeza, que no la tiene, y procedió contra el juez tratando de defenderse en unas notas en que se declaraba protector de las jóvenes alegres”.
Encolerizado ante la difusión de la noticia y ante la rumorología que ya se extendía por la alta sociedad de la época contando las noches libertinas entre “La Caoba” y el Presidente del Gobierno, el dictador Primo de Rivera exigió al Presidente del Tribunal Supremo, el toledano Buenaventura Muñoz Rodríguez, que sancionase al juez Prendes Pando. Sin embargo el Presidente del Tribunal Supremo rechazó sancionar al juez considerando que la instrucción que estaba llevando a cabo era plenamente ajustada a la legalidad y que el instructor no había cometido irregularidad alguna en aquella causa que investigaba las derivas criminales de la sevillana más famosa de Madrid en aquel 1924. El enfado de Primo de Rivera y la soberbia de la que hacía gala le llevaron a emprender una persecución frente al Poder Judicial y en particular frente al magistrado Prendes Pando y también frente al Presidente del Tribunal Supremo. Ambos jueces habían osado desobedecerle y eso era algo que sus ínfulas de grandeza no podían permitir. En esa cruzada llamó a Ernesto Jiménez Sánchez, subsecretario de Gracia y Justicia, para que iniciase un expediente contra el juez y recuperase la carta que Primo de Rivera había enviado a Prendes Pando. El subsecretario presto a cumplir las órdenes del Presidente envió el asunto a la Junta Inspectora del personal judicial recientemente constituida en el Senado para revisar las actuaciones judiciales de los últimos años. La Junta se decantó por acoger las alegaciones del Presidente del Gobierno y en particular sus palabras de este tenor literal “El presidente del Directorio no se siente molestado por la persistencia de la insidiosa campaña fundada en su intervención para que se hiciese justicia a una mujer, a su parecer injustificadamente detenida. Así volverá a proceder cuando la ocasión se presente, teniendo a gala de su carácter haberse inclinado toda la vida a ser amable y benévolo con las mujeres.”.
A la par que Primo de Rivera emprendía sus ataques contra el Poder Judicial, obsequiaba a los ciudadanos con un paternalismo en el que se confundía el Estado con su persona y les aconsejaba hacer gimnasia, la cría de aves de corral, conejos, abejas y “especialmente, la del gusano de seda y aprovechamiento del capullo como base de una importante industria nacional”. Incluso les recomendaba un plan saludable de vida en notas oficiosas en prensa, erigiéndose en un alarde de soberbia como el guía que conduciría a los ciudadanos por la senda de la rectitud y la probidad, a la par que él socavaba la separación de poderes, emprendiendo actuaciones concretas y utilizando los resortes del Estado para sancionar a aquellos jueces que no obedeciesen las órdenes del dictador y osasen investigar y detener a las amistades íntimas del dictador Primo de Rivera.
Vayamos por un momento a la España de 2024, tenemos a un Presidente del Gobierno, el señor Pedro Sánchez Pérez-Castejon que ha nombrado a su ex ministra Fiscal General del Estado, a un ministro y a un ex alto cargo como magistrados del Tribunal Constitucional, que ha presentado una quimérica querella contra el juez que investiga a su esposa por delitos de tráfico de influencias utilizando además los recursos públicos y degradando a la abogacía del estado, que ha ordenado a sus ministros que emprendan una campaña de acoso y derribo contra dicho juez para intentar en vano doblegar su independencia en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales, que tiene a “su fiscal general del estado” investigado por un delito de revelación de secretos tras la difusión de una nota de prensa que perjudicaría a uno de sus rivales políticos, que se ha negado a cumplir las exigencias de GRECO para que el CGPJ sea elegido por los jueces y que también ha obsequiado a la ciudadanía e incluso al juez instructor con cartas epistolares en las que confiesa ¿su profundo amor por su esposa?. Reiteramos al lector que estamos hablando de 2024 y no del romance entre “La Caoba” y Primo de Rivera.
Regresemos a 1924 y asistiremos a cómo días después la Junta impuso el archivo del procedimiento frente a “La Caoba” dejándola en libertad y el juez Prendes Pando fue enviado con carácter forzoso a la Audiencia Provincial de Albacete. Tras ello pidió la excedencia voluntaria y solicitó su reingreso en una plaza de magistrado en la Audiencia de Oviedo, siendo nombrado posteriormente presidente de dicho órgano, donde finalmente se jubiló. Respecto al Presidente del Tribunal Supremo, el Rey Alfonso XIII firmó el 7 de Febrero de 1924 un Real Decreto que le obligó a jubilarse anticipadamente. El magistrado Muñoz Rodríguez, jurista de prestigio con una trayectoria profesional inmaculada , consternado por terminar su carrera de esa forma por orden del dictador falleció pocos meses después. Ambos sufrieron las represalias del régimen pero encarnaron hasta el último de sus días de manera imperturbable la independencia judicial irreductible ante cualquier presión política, aún a riesgo de sufrir represalias del poder político.
En el año 2024 en estas semanas de Octubre hemos tenido noticia del auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por el que se inadmite la querella presentada por el Presidente del Gobierno frente al magistrado instructor Juan Carlos Peinado. En un auto de exhaustiva motivación e impecable en sus razonamientos jurídicos, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechaza la querella por unanimidad concluyendo que la querella interpuesta por Sánchez Pérez-Castejón tiene un carácter especulativo y desprende a un prejuicio, “en un intento de tergiversar el fin lícito que implica el tipo delictivo que se le imputa al querellado”. Incluso en el voto particular concurrente se destaca el carácter exorbitante y contrario a la buena fe procesal con la que se estaba ejercitando la acción penal y se pone de relieve la conveniencia de haber abierto pieza separada para determinar si la interposición de la querella entrañaba mala fe procesal y debía imponerse una multa al señor Pedro Sánchez Pérez-Castejón.
Quizás ni la historia ni nuestra sociedad hayan cambiado tanto desde 1924 y hoy 100 años después tenemos a políticos que en aras de la soberbia y con actitudes dictatoriales pretenden colonizar las instituciones, emprendiendo campañas de acoso y derribo contra un Poder Judicial que ejerce sus funciones de forma independiente siendo el último baluarte en la defensa del Estado de Derecho y erigiéndose en la garantía esencial de los derechos de todos los ciudadanos y de la aplicación de la ley con plena igualdad y con independencia de quien sea el encausado. En la historia de “La Caoba” y Primo de Rivera, del magistrado Prendes Pando y del Presidente del Tribunal Supremo Muñoz Rodríguez sólo habría que cambiar ciertos nombres para comprender que el pasado siempre vuelve pero que ahora en nuestra España constitucional, pese a que algunos pretendan derribarla, se encontrarán con la fuerza no doblegable de resoluciones motivadas que con la base del imperio de la ley pondrán coto a cuantas corruptelas y a cuantas actuaciones ignominiosas, pretendan socavar la separación de poderes, vengan de donde vengan incluso aunque su origen sea la Presidencia del Gobierno de España.
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Primo de Rivera se entrevistó con el juez Prendes Pando, que la procesaba, y le ordenó que la pusiera en libertad. Este, sorprendentemente, se negó. Prendes fue expulsado de la carrera judicial, lo mismo que el presidente del Tribunal Supremo, que salió en defensa del magistrado y al poco tuvo que solicitar la jubilación anticipada. Este fue el momento en que el caso se supo y causó una gran polémica, sobre todo en los círculos intelectuales alrededor del Ateneo de Madrid, foco de disidencia intelectual en el Madrid de entonces. Fue un secreto a voces. Se filtraron los amoríos del dictador con La Caoba y su posterior intercesión, las amenazas y represalias, la doble moral, el miedo.Miguel de Unamuno (entonces vicerrector de la Universidad de Salamanca) o Rodrigo Soriano (presidente del Ateneo de Madrid) criticaron al dictador por salir en defensa de ella. Tan solo había pasado un año del comienzo de la dictadura, pero ya se atisbaba el futuro: jueces y políticos al servicio de la política.
El Colegio de Abogados de Madrid tampoco guardó silencio y en una junta general se alzaron voces enérgicas condenando la intromisión y emitiendo una nota de protesta. El juez, ya destituido, lo denunció al periódico Heraldo de Madrid, que sin embargo no se atrevió a publicar toda la verdad y se marcó una argucia según la cual el caso no se había producido en España sino en ¡Bulgaria! La noticia fue publicada en enero de 1924 y se cambió al dictador español por el Primer Ministro de Bulgaria.
La Caoba salió en libertad y, tiempo después, Unamuno, que publicó una serie de artículos críticos con el dictador, y el incansable Soriano, fueron detenidos y enviados el exilio en la isla de Fuerteventura. En febrero de ese año, el Ateneo, convertido en uno de los centros disidentes, era clausurado.
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